domingo, 4 de diciembre de 2011

La muerte de cuatro militares colombianos, un asunto escabroso

El pasado 26 de noviembre murieron en la selva sureña colombiana cuatro militares que habían estado en poder de la guerrilla de las FARC desde hacía varios años. Sin pretender ahora dilucidar si eran prisioneros, según el grupo guerrillero, o rehenes, según el gobierno, lo único que se sabe con seguridad es que han muerto. También que las propias FARC habían anunciado días antes la liberación de seis personas a través de una carta dirigida a la antigua senadora Piedad Córdoba, por lo que se habían empezado a tomar las medidas oportunas con la intermediación para que pudiera hacerse efectiva. 

Según la información dada por el ejército, asumida por el gobierno y recogida y difundida a bombo y platillo por la mayoría de los medios de comunicación colombianos y del mundo, se trató de una ejecución. Según se dice, lo demuestran los disparos recibidos a quemarropa y los casquillos de la munición empleada por la guerrilla. Una ejecución que, siguiendo esas fuentes, se llevó a cabo como represalia por la muerte días antes del líder de las FARC, el comandante Alfonso Cano. El grupo guerrillero niega esa versión y alude a la acción por parte del ejército de impedir que se llevara a cabo la liberación anunciada y acordada.

El pasado día 28 se publicó en los medios alternativos un artículo del Colectivo por la Paz con Justicia Social titulado "¿Qué pasó en la selva? ¿Por qué creer la versión de un régimen culpable de 3.200 asesinatos de civiles?. Resulta muy esclarecedor para demostrar que los argumentos dados por el gobierno colombiano son más que dudosos, lo que impide tener una versión real de lo acaecido. En el artículo se recuerda, así mismo, los numerosos episodios de violación de derechos humanos y de casos sin resolver en los que se han visto involucrados el ejército, otras instancias del estado y organizaciones paramilitares. El colectivo colombiano ha pedido por ello que se abra una comisión de investigación, algo que se ha desechado por las autoridades del estado. 

Hoy mismo se ha difundido en Rebelión una entrevista que la emisora W Radio realizó a Piedad Córdoba, donde la exsenadora abunda en las dudas razonables sobre la versión oficial y la negativa sospechosa a que se forme una comisión de investigación. Días atrás, durante una visita a nuestro país, se había mostrado muy contundente en una entrevista concedida al diario Gara, que publicó el 30: "Mientras ellos estaban asesinando a los mismos soldados y policías, nosotros teníamos en la mano la posibilidad de sacarlos y recibirlos con vida. Ésa es una derrota de la política del Gobierno, que nos da toda la autoridad moral y ética para exigirle un paso diferente en relación al canje humanitario y que se acabe la guerra. El presidente es responsable de lo que ha pasado porque había otras formas y maneras de hacer. Yo, personalmente, le envié una carta para reunirme con él y decirle que se iba a entregar a soldados y policías".

La violencia en Colombia hunde sus raíces en una realidad tremendamente injusta, en la que el reparto de la riqueza y los abusos de poder del estado y quienes disponen de esa riqueza no han sido ajenos. Tiene una gran complejidad en sus formas y agentes involucrados: estado, guerrilla, narcotráfico y paramilitares actúan entre sí. Y la violencia que ejercen los grupos guerrilleros no es precisamente la que está generando más víctimas. El proceder del ejército ha sido muy poco ejemplar y en numerosas ocasiones se ha visto involucrado en acciones ilegales y de violación de los derechos humanos con represalias contra personas acusadas de apoyar a la guerrilla, para dar una imagen sanguinaria de la misma e incluso para obtener beneficios de supuestos éxitos en su lucha.

Piedad Córdoba es una mujer que proviene del Partido Liberal, uno de los que se alternan en el gobierno desde hace décadas. Más en concreto ha formado parte de su rama más progresista, lo que le ha llevado a ser muy crítica con las violaciones de los derechos humanos y sensible a las raíces que han generado la violencia política. Por ello ha sufrido fuertes presiones desde el poder y graves acusaciones, hasta el punto que el año pasado fue inhabilitada como senadora por la Corte Suprema, acusada de colaborar con las FARC, algo que ella misma ha negado en reiteradas ocasiones.

Conocer la verdad se hace desde la transparencia. Y por ahora no se han dado muestras de querer buscarla.