martes, 21 de enero de 2014

Favores

He leído en eldiario.es que el alcalde de Burgos, Ángel Lacalle, vive en un doble ático de un edificio de lujo construido por el promotor del proyecto de bulevar en el barrio de Gamonal. Esta persona es Antonio Miguel Méndez Pozo, el prohombre de ese sector en la ciudad y dueño de un pequeño emporio de medios de comunicación de ámbito provincial y regional. Su hija, además, como arquitecta, diseñó el edificio. El ayuntamiento recalificó en su día los terrenos del edificio donde Lacalle, ya concejal de Urbanismo, compró en 2003 una vivienda. Años después, en 2010, la vendió y se hizo con el doble ático. Es propietario además de dos plazas de garaje y un trastero.

Hasta aquí todo puede parece normal. Conozco el caso de un alcalde de donde vivo, Barbate, adquirió hace algo más de una década dos áticos en un edificio construido con una dudosa legalidad. Un mamotreto que sobresale de un entorno de casas bajas en el casco antiguo del municipio. Se hizo una denuncia política en los plenos del ayuntamiento y en los medios de comunicación. También en los organismo provinciales de control urbanístico. No pasó nada. Eran los tiempos del ladrillo, con una corrupción rampante, donde tenías que estar dedicando mucho esfuerzo, tiempo y dinero para hacer denuncias judiciales. Había jueces y juezas que se atrevieron a hacer algo, pero eran una minoría. Lo frecuente era toparte con un muro.

Casos como el Burgos o el que he contado de Barbate los hay a montones. Me ha venido a la memoria otro ático, el del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en Marbella. La lista resultaría interminable. Tienen como ventaja que resulta difícil demostrar cómo adquirieron tantas propiedades teniendo en cuenta  el número de casos y la dimensión temporal. Pero hay que hacer algo más. Se requiere una solución política que cambie el actual estado de cosas. Corrupto, en su esencia.