En el pasado abril se vivió una grave crisis en el gobierno andaluz, como consecuencia de la retirada de las competencias en materia de vivienda a la consejera Elena Cortés por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (ver en este cuaderno "Problema de la vivienda y crisis política en Andalucía" y En Andalucía, mejor salirse del gobierno"). Díaz, apoyada por una parte de su partido, numerosos medios de comunicación, el ayuntamiento de Sevilla (en manos del PP) y hasta el propio PP, atribuyó a la consejera de IU haber actuado al margen de la legalidad cuando se decidió el realojo urgente de las familias que habían sido desalojadas de la conocida como Corrala Utopía. La actuación en la administración de vivienda andaluza obedeció en todo momento a las indicaciones que se habían hecho desde instancias judiciales y la oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía, ante el riesgo de exclusión de menores. La campaña mediática fue muy fuerte, buscando algunos medios y el PP criminalizar a IU y, sobre todo, romper el pacto de gobierno. La postura de IU fue rotunda cuando decidió suspender temporalmente el pacto de gobierno mientras se mantuviera la decisión de la presidenta de la Junta, que finalmente tuvo que dar marcha atrás. Lo que quizás resultó más grave fue el hecho de que se propiciara un enfrentamiento, que no fue a más, entre víctimas: las de la Corrala Utopía y las familias en la lista de espera para la asignación de viviendas sociales.
Paralelamente a todo esto el grupo Manos Limpias, autodenominado sindicato, presentó una querella contra la consejera Elena Cortés, a la que acusó de prevaricación. Pues bien, el pasado 27 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidió archivar la querella, por considerar que en el realojo referido no se vulneró la legalidad. En el auto ha considerado que en su momento hubo un auto judicial del juzgado número 3 de Sevilla que decidió “proveer lo necesario en el caso de que en el edificio se encontraran menores y otras personas en riesgo de exclusión social”. Así mismo, ese tribunal ha resuelto que el realojo “no es sino el reflejo de una decisión política que se implementa a través de resoluciones administrativas que no pueden reputarse prevaricadoras”, ni que éstas hayan estado “inspiradas por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato judicial”. Por esta vez la administración de justicia "se ha portado".
Hoy Público ha sacado un artículo de Amanda Meyer Hidalgo ("La justicia ha hablado sobre la Corrala: un realojo justo y legal"), que es Secretaria General de Vivienda en la Junta de Andalucía. Resulta muy esclarecedor. En todo caso, el argumento de la legalidad, que se repitió mil veces por quienes se opusieron a la iniciativa de la consejería de Fomento y Vivienda, ha acabado demostrándose que fue una excusa. Burda, si se quiere, pero claramente intencionada.
Lo que ocurrió en abril fue un síntoma de la reacción de los poderes establecidos cuando consideran que están en peligro sus intereses. También, un síntoma de los límites de la actuación que viene desarrollando IU en el seno del gobierno andaluz. Una actuación, en el asunto de la Corrala, justa, ante todo, y dentro de la ley. También una reacción contundente de la dirección de que demostró que no estaba dispuesta a rebajarse ante el envite de Susana Díaz, el corifeo de gentes salido del PSOE, el PP y medios de comunicación, y la sombra alargada de los poderes ocultos. No debemos olvidar que detrás se encuentra la oposición a la ley andaluza "antidesahucios" propiciada por IU, que el PP recurrió y que el Tribunal Constitucional tiene paralizada. Una lección que no debe olvidarse de cara al futuro.
