La última cumbre
de jefes y jefas de estado y de gobierno de la UE, celebrada recientemente en Bruselas,
ha tomado una decisión de gran trascendencia contra las personas refugiadas. Una decisión vergonzante que supone
un atentado muy grave contra los derechos humanos. Se ha decidido la expulsión hacia Turquía,
sin que pueda solicitarse asilo, a todas las personas llegadas a las costas de
Grecia desde los países en conflicto, siendo excepción quienes provengan de Siria.
Lo que se
conoce como “devoluciones en caliente” acaba de ser legalizado en la UE,
rompiendo con lo establecido por la Convención de Ginebra de 1951 en el
Estatuto de Refugiados y en Nueva de York en 1967 con el Protocolo sobre el
Estatuto de Refugiados. Vulnerando la propia normativa de la UE
y, más concretamente, su Carta de Derechos Fundamentales, aprobada en el
año 2000. En todos los casos los tratados internacionales prohíben las
devoluciones de personas que corran peligro de cárcel, tortura o muerte, las
devoluciones colectivas o la discriminación por cualquiera de los motivos, en este caso el de nacionalidad.
La decisión tomada tiene,
además, el agravante de que las personas afectadas tendrían que regresar a un
país, Turquía, donde los derechos humanos son vulnerados sistemáticamente. Su
gobierno no está actuando debidamente en el trato a estas personas, está facilitando
el tránsito de combatientes, armas y recursos petrolíferos con los grupos
islamistas que operan en Siria e Irak, sigue masacrando al pueblo kurdo y está violando
sistemáticamente derechos como el de prensa, reunión, manifestación, etc. A
cambio el gobierno turco recibirá de la UE importantes contrapartidas
económicas, como pago por sus servicios de hacer el juego sucio. Mucho dinero, cuantioso, negado con anterioridad al gobierno griego para hacer frente a las situaciones que cada día se tiene que enfrentar sólo en este asunto.
Durante los
últimos meses estamos asistiendo en el seno de la UE a un pulso entre quienes se oponen a la llegada de personas refugiadas
y quienes no lo rechazan. Hay sectores de población que están actuando con un
claro sesgo xenófobo y racista, amparados bajo el manto de un nacionalismo
excluyente que en muchas ocasiones adquiere un carácter fascista. Por otro lado, se
encuentran los sectores de la sociedad que defienden los principios universales de los
derechos humanos como valores éticos que permiten establecer relaciones
incluyentes y solidarias entre las personas,
independientemente de su origen o condición.
Los
gobiernos de los distintos países están actuando dentro de unos parámetros
retrógrados y contrarios a los derechos humanos. En algunos países del este de
Europa estos gobiernos tienen un claro carácter xenófobo y en el resto se están
dejando influir por los movimientos xenófobos. Temen que sus decisiones, en caso de respetar los derechos humanos, puedan
tener repercusiones electorales negativas. Llevan tiempo construyendo alambradas, poniendo todo tipo de trabas, criminalizando su situación, incumpliendo la normativa internacional...
Todo esto es lo
que explica el fracaso del plan de reubicación aprobado hace unos meses, pero
incumplido flagrantemente todos los gobiernos. Y, por supuesto, la decisión
tomada en la Cumbre de Bruselas.
