jueves, 19 de enero de 2017

Lo nuclear para el Tribunal Supremo (sobre el cementerio nuclear de Villar de Cañas)

















Sabido es que en el capitalismo existe una máxima que dice, más o menos, que debe privatizarse aquello que sea rentable y dejar en manos del estado lo que no lo sea. Y en la industria nuclear, por supuesto, se aplica. La producción de electricidad desde las centrales nucleares se hace a través de las grandes empresas eléctricas, que invierten bastante, pero lo justo, para ponerlas en funcionamiento. Digo lo justo, porque el estado también participa en la construcción de las infraestructuras, como no lo hacen también las personas, que deben pagar en las facturas de consumo los cánones correspondientes. El estado participa también en la gestión de los residuos, donde las empresas privadas se retiran de su responsabilidad por los siglos. 


Una vez puestas en funcionamiento las centrales, todo resulta espléndido a la hora de obtener pingües beneficios. Y como agradecimiento por ello chollo recibido, las empresas eléctricas han creado tres mitos. A saber, que se trata de una energía limpia, barata y segura. Pese a que mucha gente los acepta, nunca han faltado problemas que han hecho que la confianza en la energía nuclear siempre genere más que dudas a la gente más creída. 


El último problema surgido lo fue a raíz del accidente de Fukushima, que ha puesto al descubierto muchas cosas y entre ellas la solidez de los mitos. Lo ocurrido en Japón hace cinco años mostró su debilidad. En nuestro país, por ejemplo, hubo de paralizarse el impulso del programa nuclear que se estaba preparando por parte del gobierno y las empresas eléctricas, con la colaboración de los medios de comunicación del sistema. Y es que los  mitos de la seguridad y la limpieza se habían derrumbado por la fuerza de los hechos. 

La industria energética nuclear ha conocido una evolución curiosa. Ha tendido a aumentar a nivel mundial, pero no así en cada país. Japón y Francia, por ejemplo, han sido de los países que han apostado desde el primer momento por ella, siendo la principal fuente generadora de electricidad. EEUU, pionera en su uso e inmersa en un proceso de fuerte crecimiento, paralizó el programa de construcción de centrales a raíz del grave accidente ocurrido en Harrisburg en 1979. Las fuertes medidas de seguridad que exigió el gobierno a las empresas, llevaron a éstas a abandonarlo ante la falta de rentabilidad. En nuestro país también se paralizó en los años ochenta el programa nuclear previsto ante la creciente presión ciudadana habida por todo el territorio. El gobierno del PSOE valoró la rentabilidad electoral y optó por no iniciar la construcción de las centrales previstas e incluso paralizar la de Lemóniz que ya estaba en marcha, pero dejando que en las facturas se introdujese el canon correspondiente para compensar a las empresas eléctricas. Italia, a su vez, abandonó la vía nuclear tras el accidente de Chernobil en 1986. Son sólo unos ejemplos.


Uno de los problemas directamente relacionados con la industria nuclear es la gestión de los residuos. Su almacenamiento sigue siendo uno de los puntos más débiles. En nuestro país, como en tantos otros, se está realizando en cementerios nucleares provisionales, que con el tiempo se están tornando cada vez más peligrosos. Fue durante el gobierno de Rodríguez Zapatero cuando se encontró lo que se presentó como lugar idóneo, situado en un lugar de La Mancha conocido como Villar de Cañas (Cuenca). El nombre que le dieron resulta rimbombante: almacén temporal centralizado, alejado en todo caso de su verdadera naturaleza. La polémica siempre ha estado presente y más cuando el gobierno del PP, apoyado por el de Castilla-La Mancha, se decidió ponerlo en marcha. Pese a ello hubo de paralizarse, después de los informes negativos del Consejo de Seguridad Nuclear y la paralización del proyecto en 2015, tras la vuelta del PSOE al gobierno autónomo.


Ayer, sin embargo, ha aparecido una mala noticia. Concretamente la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el decreto aprobado en 2015. Dado que en este se pretendía extender los terrenos del espacio natural protegido de la Laguna de Hito hasta el punto donde estaría enclavado el cementerio nuclear, el máximo tribunal de justicia ha dicho que debe prevalecer la seguridad nuclear. Se dice en la sentencia: "Si efectuamos un correcto juicio de ponderación entre los intereses enfrentados, nos parece prevalente preservar la adecuada gestión de los residuos radioactivos en orden a una mejor seguridad nuclear, mientras se sustancia el pleito, que la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para las aves y la modificación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales". Y lo han hecho sin  sonrojo.